Ayotzinapa, Boicot Electoral y salto al vacío

El presente comentario está dedicado a todas aquellas mujeres y hombres que de diversos modos luchan para realizar una transformación social, política y económica que beneficie a las mayorías empobrecidas, excluidas y explotadas del México del Siglo XXI.

Ayotzinapa es el nombre de la nueva gesta heroica de los mexicanos contra todas las formas de violencia, exclusión y explotación que durante los últimos años se han recrudecido. Ayotzinapa es la respuesta del Pueblo indignado ante la burla y el ninguneo de aquellos que detentan el poder político y económico. Ayotzinapa es, en suma, el comienzo del fin del régimen barbárico iniciado con el periodo denominado neoliberal.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero fueron emboscados por agentes del Estado, 6 personas murieron en la emboscada, varias personas resultaron heridas y 43 estudiantes fueron privados de su libertad y entregados por la fuerzas del Estado a grupos de narcotraficantes quienes en clara complicidad con los diferentes órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, procedieron a la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Padres, familiares y amigos de los 43 jóvenes desaparecidos, así como sobrevivientes de la emboscada, comenzaron desde el mismo 27 de septiembre una búsqueda a la que pronto se sumarían diversos sectores de la sociedad mexicana hasta conformar un amplio movimiento social tanto en México como en el extranjero que obligó a la renuncia del Gobernador de Guerrero así como al inicio de una investigación federal en contra de los agentes del estado que participaron en la emboscada, homicidio y desaparición forzada de los normalistas.

Si bien, el reclamo central de la movilización gira en torno a la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, pronto comenzó a definirse una exigencia mayor al interior del propio movimiento social de acompañamiento: la dimisión del Ejecutivo Federal. Sin embargo, durante los primeros meses de movilización, los padres y familiares de los 43 se limitaron a exigir el cumplimiento de las obligaciones legales a cargo del gobierno federal y sus instituciones, acudieron a una reunión a Los Pinos donde el Ejecutivo Federal adquirió una serie de compromisos encaminados a la localización y presentación con vida de los 43 normalistas, así como la captura, enjuiciamiento y sanción a los responsables de los delitos relacionados con la desaparición.

Las movilizaciones por Ayotzinapa alcanzaron su punto más crítico alrededor del 20 de Noviembre de 2014, en el marco del 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, fecha en la cual una amplia movilización social, nacional e internacional, tanto en las calles como en las denominadas redes sociales se pronunció a favor de la dimisión del Ejecutivo Federal, al mismo tiempo que el gobierno federal se aprestaba a convencer a los padres y familiares de los desaparecidos sobre las acciones institucionales que se estaban realizando.

Ese desentendimiento inicial entre lo que podría denominarse la cabeza del movimiento, representada por los padres y familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, y la amplia base social que los acompañaba con la exigencia de dimisión del Ejecutivo Federal, produjo un punto de inflexión que fue aprovechado por los representantes del Estado para informar los resultados de la investigación federal. Se informó de la captura de varios agentes del estado en el orden municipal así como la captura de varios narcotraficantes quienes confesaron haber participado en la desaparición y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese mismo día, el Procurador General de la República manifestó su hartazgo ante la exigencia social con la expresión “Ya me cansé”, esta manifestación que denota un claro cinismo e insensibilidad ante la barbarie detonó una nueva etapa de la movilización.

A partir de ese momento, la acción colectiva fue demostrando que de la investigación federal se derivaban una serie de contradicciones, inconsistencias y falsedades que pusieron en entredicho la “verdad legal” sobre la desaparición de los normalistas. Fue en ese momento que los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos adquirieron conciencia sobre la ineptitud e hipocresía por parte de la representación federal del Estado, al tiempo que la movilización social adquiría plena conciencia de la responsabilidad federal en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Paralelamente con las muestras de apoyo y solidaridad nacional e internacional al movimiento de Ayotzinapa, todas ellas pacíficas y ordenadas, en Guerrero, el sector más duro de la movilización logró la toma y defenestración de diversos ayuntamientos en toda la geografía del Estado, en 5 de ellos logrando el nombramiento de gobiernos autónomos. Se conformó una alianza entre los familiares y amigos de los desaparecidos con diversas organizaciones sociales que incluyen organizaciones no gubernamentales, organismos de defensa de los derechos humanos, sindicatos independientes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros colectivos aglutinados en la denominada Asamblea Nacional Popular; asimismo diversos actores de la sociedad civil tales como artistas, intelectuales, personajes públicos e individualidades sin organización se han sumado a la lucha de Ayotzinapa conformando el movimiento social más amplio y representativo de los últimos años en México.

Esta conformación ha generado al menos dos tipos de acciones: a) aquellas encabezadas por personajes públicos, intelectuales, artistas e individuos sin filiación organizacional y b) aquellas encabezadas por los padres, familiares y amigos de los 43 en coordinación con la Asamblea Nacional Popular. En el primer caso se han llevado a cabo marchas y demostraciones públicas, pacíficas y ordenadas, en las que han participado activamente los padres y familiares de los normalistas desaparecidos y de las cuales se derivan 2 principales exigencias a saber: 1. La localización y presentación con vida de los jóvenes normalistas desaparecidos y 2. La dimisión del Ejecutivo Federal. En el segundo caso a través de acciones directas e incluso con el uso de la fuerza, se ha logrado la toma y defenestración de varios gobiernos locales, en 5 de ellos nombrándose gobiernos autónomos; en este segundo caso se derivan 2 exigencias: 1. La localización y presentación con vida de los jóvenes normalistas desaparecidos y 2. La suspensión del proceso electoral del año 2015, y que considerado a nivel nacional denomino Boicot Electoral.

Como puede observarse hasta aquí, la propia conformación del movimiento lo ha dotado de una cabeza y varios brazos, los que sin embargo, aún no se encuentran en total armonía/sincronía.

La exigencia central de localización y presentación con vida de los 43 jóvenes estudiantes normalistas parte de un supuesto negado por los hechos: la capacidad del gobierno federal, es decir, que a la luz de los acontecimientos es imposible que el actual gobierno federal cumpla con tal exigencia, la propia investigación federal demuestra esa imposibilidad.

En lo referente a la dimisión del Ejecutivo Federal, también nos encontramos ante un supuesto negado: la voluntad política del actual gobierno federal, el cual no tiene vocación de suicida, precisamente por los intereses político-económicos que defiende el Ejecutivo Federal no dimitirá (no de manera voluntaria).

En cuanto al Boicot Electoral, su factibilidad, dependerá del alcance y desarrollo de la propia movilización social. En aquellos lugares donde se logre una amplia y mayoritaria movilización social será posible boicotear las elecciones, pero no ocurrirá en aquellos lugares donde se carezca de fuerza social. Al momento de escribir esto, los hechos parecen demostrar que únicamente en algunas zonas de Guerrero podrá alcanzarse un Boicot Electoral efectivo, mismo que, sin embargo, solo representa un pequeño primer paso en la dirección correcta.

Si esto es así, es decir, si únicamente en algunas zonas de Guerrero es posible el Boicot Electoral, plantear en este momento un Boicot Electoral generalizado sin contar con la fuerza social suficiente, solo será un paso en falso.

Si, además, en aquellos lugares donde se logre la fuerza social suficiente para el Boicot Electoral, no se acompaña con el paso lógico siguiente: la conformación de un gobierno popular autónomo (para lo cual se requiere no solo fuerza social sino organización social), entonces el movimiento surgido de Ayotzinapa será, lamentablemente, un salto al vacío.

Boicot Electoral, sí, en todos aquellos casos en que se tenga fuerza social suficiente para que sea efectivo; de lo contrario, solo se estará beneficiando a la imponente maquinaria clientelar-electoral del partido gobernante. Una vez logrado el Boicot Electoral, el siguiente paso lógico y necesario es la conformación de gobiernos populares autónomos, para lo cual se requiere organizar la fuerza social del movimiento, esta es quizá la parte más compleja, pero la que sin duda representará el salto cualitativo tan esperado.

Pero, ¿qué hacer si no se posee la fuerza social suficiente para hacer efectivo el Boicot Electoral? La respuesta pasa necesariamente por lograr la armonización/sincronización entre la cabeza y los diferentes brazos del movimiento social por Ayotzinapa, aquí radica el principal reto del movimiento, pues la conformación heterogénea del propio movimiento encuentra obstáculos aparentemente infranqueables: ausencia de coordinación, de comunicación y deficiente difusión de las acciones; diversidad de concepciones en cuanto a los métodos de lucha; particularización de los diversos motivos que componen el movimiento en general más allá de la exigencia central, etcétera.

El gobierno federal, pero más aún, el grupo compacto que detenta el poder político y económico, apuesta a la heterogeneidad y eventual descomposición del movimiento social surgido en Ayotzinapa. Advierten que mientras el movimiento social no encuentre un sólido liderazgo colectivo/comunitario capaz de articular las diversas fuerzas sociales dispersas (por lo tanto capaz de organizar, definir y llevar a cabo acciones concretas-eficaces), podrán continuar dominando y simulando que gobiernan para beneficio de las mayorías que ellos mismos empobrecen y explotan.

La situación obliga a superar intereses mezquinos, particulares o focalizados, asimismo exige un entendimiento fáctico de la situación real y de las posibilidades factibles a que se puede acceder.

Merecemos un gobierno que comience a desmantelar el actual régimen de empobrecimiento, exclusión y explotación de las masas populares y que sin duda alguna signifique ¡Justicia para Ayotzinapa!

Antonio Degante

@AntonioDegante