Carmen Aristegui y la supresión real de las libertades
El mensaje del poder político-económico es
inequívoco: las voces críticas son inaceptables. Carmen Aristegui fue expulsada
de la radio pública en México, claro que su expulsión reviste la forma de un
despido válido que jurídicamente podría ser controvertido, pero lo realmente
importante no es el aspecto formal/legal de la expulsión de Aristegui sino el
mensaje que se pretende enviar con la expulsión de la periodista, no es tanto
un mensaje para los periodistas (en su mayoría sometidos al poder político-económico)
sino un mensaje dirigido contra el núcleo duro de la sociedad crítica y
consciente, precisamente aquel que se articula en torno al espacio de Carmen
Aristegui.
Carmen Aristegui se convirtió en una referencia
informativa que posibilitó abrir al debate público cuestiones tan importantes
como la Reforma Energética, la Consulta Popular, el caso Ayotzinapa, el Sistema
Anticorrupción, por mencionar unas pocas. Es destacable la labor de Carmen
Aristegui en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, pues a través
de su noticiero las situaciones que el sistema de poder político-económico
preferiría mantener en secreto fueron hechas públicas, son ilustrativas las
notas que presentó en torno a la licitación del proyecto de tren rápido
México-Querétaro, la investigación sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, la
exposición de los nexos entre el Grupo Higa y el secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso, la denuncia sobre la red de prostitución del PRI-DF, el debate
en torno a la Reforma Energética y la fallida Consulta Popular, las notas sobre
la Ley Televisa y de Telecomunicaciones, el tema sobre la Televisión Digital
Abierta, la investigación sobre Eduardo Medina Mora y su polémico nombramiento
como ministro de la Suprema Corte de Justicia, etc., etc.
En resumen, mediante el trabajo
periodístico de Carmen Aristegui quedaron de manifiesto tanto la corrupción
generalizada del sistema político como la convergencia de intereses
político-empresariales en detrimento de la democracia y de la economía
nacional. Fue ésta labor la que facilitó la articulación de un segmento de la
sociedad mexicana, que si bien es ideológicamente variopinto, cuenta con un
núcleo social crítico y consciente cada vez más amplio, de allí el éxito del
espacio noticioso de Carmen Aristegui. Pero, precisamente, la parte crítica
inherente al noticiero de Aristegui y su función como facilitador de la
organización social fue lo que supuso su expulsión de la radio pública.
El pretexto de la empresa para la expulsión
de Carmen Aristegui consistió en la acusación de la utilización supuestamente
indebida de una marca, así como la utilización supuestamente indebida de
recursos privados para proyectos públicos, tal es el caso de la adhesión del
grupo de investigación de Aristegui en el proyecto MexicoLeaks. Es obvio que la
empresa MVS tiene derecho a sancionar el uso indebido de su marca y sus
recursos, de la misma forma, resulta obvio que los periodistas del grupo de
investigación y la propia Aristegui tienen derecho a defenderse ante una acusación
infundada y ante una sanción que se juzga desproporcionada, pero debo insistir nuevamente
que lo realmente importante no es la apariencia formal/legal privada del
conflicto sino la esencia material/real y pública del asunto.
Así, el diferendo Aristegui-MVS, no es simplemente un mero incumplimiento de
contrato (algo que indudablemente atañe única y exclusivamente a la relación
privada empresa-periodistas), lo esencial del asunto es la supresión real del derecho
al libre acceso a información plural y oportuna, se trata de una colisión entre:
1.- los derechos privados/particulares empresa vs periodistas, y 2.- los derechos públicos/colectivos de la
audiencia de Aristegui vs empresa,
sin embargo, hasta aquí no he superado del todo el aspecto formal/legal de la cuestión;
restringido a este nivel resultará difícil encontrar una solución efectiva al
asunto.
Analizar lo esencial del problema en sus
detalles excede los límites del presente comentario, pero baste señalar algunos
aspectos: A) el propietario originario del recurso natural denominado “espectro
radioeléctrico”, es la Nación, o sea, el Pueblo de México, esto quiere decir que
el espacio denominado espectro radioeléctrico es un BIEN PÚBLICO. B) el único
soberano es el Pueblo y en ejercicio de su soberanía puede decidir imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el INTERÉS PÚBLICO. C) la
información que difunde Aristegui es FORMAL Y MATERIALMENTE PÚBLICA, formalmente
porque se refiere a temas de interés general/público y materialmente porque se
emite mediante un bien público cuya propiedad originaria es pública. D) si el
contenido es público y la forma en que se transmite el contenido es pública, el
tema es esencialmente público y no privado como se pretende hacer creer. Por lo
tanto, cualquier solución efectiva al problema debe considerar lo público por
sobre lo privado.
Lamentablemente, el poder
político-económico que apuntala la expulsión de Carmen Aristegui de la radio
pública en México sólo entiende un lenguaje: el lenguaje del Poder, por ello, la
solidaridad de la audiencia con Carmen Aristegui, en tanto que audiencia
crítica y consciente, no debe confundirse con la apariencia formal/privada del
conflicto sino que debe ir hacia la esencia material/pública del asunto. Con
esto quiero hacer un llamado a una defensa radical del único espacio
informativo crítico de carácter público y masivo existente en México.
Ya indiqué que, a mi juicio, el único
lenguaje que comprende el sistema de poder político-económico es el ejercicio
del poder. La solución no debe restringirse a la simplemente exigencia de
derechos (los que en efecto han sido violados flagrantemente por la empresa
MVS) sino que debe derivarse del ejercicio material/real del poder soberano. En
efecto, he indicado que la acción política es un compromiso ineludible, también
he señalado que la organización social, para que sea efectiva, debe saber identificar
el problema real concreto de tal forma que se pueda optar por una solución
eficaz.
Si lo que comento es verdadero, es decir,
si la expulsión de Aristegui no es la simple apariencia de un desacuerdo
privado de intereses particulares sino un ataque real al núcleo social crítico
articulado en torno al espacio de Aristegui, la opción solidaria en defensa de
dicho espacio público requiere organización social, compromiso político y
acciones en ejercicio del poder soberano, lo que es ya decir mucho. La palabra
correcta para designar una acción concreta en defensa de Aristegui es boicot.
No solo el sabotaje como hicieron los hackers
anónimos ni los meros pronunciamientos públicos, que son muy útiles, sino
también la acción social organizada que derive resultados materiales.
Lo esencial del asunto nos autoriza a
llevar a cabo medidas radicales, los tiempos actuales nos obligan a tomar
partido, por lo pronto, vayámonos articulando en defensa de Aristegui, pero
sobre todo, vayámonos articulando como poder soberano contra el sistema de
poder político-económico. Veremos si el enésimo agravio acumula nuevas fuerzas
en torno al movimiento social, crítico y consciente, que habrá de regenerar la
vida nacional.
Antonio
Degante
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